De regreso a los cuarteles - Columna de Agustín Guerrero Castillo
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De regreso a los cuarteles – Columna de Agustín Guerrero Castillo

El 11 de mayo el presidente López Obrador publicó el decreto por el cual las fuerzas armadas continuarán desempeñando tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria hasta el 27 de marzo de 2024. A partir de esa fecha todos los integrantes del ejército y la marina habrán de regresar a sus cuarteles.

Inmediatamente, como si fuera otra prueba más de nado sincronizado, diversas voces a través de las redes sociales se han lanzado en pronunciamientos aduciendo que el presidente quiere militarizar al país y que rechazan contundentemente esa pretensión. Sin el menor argumento, afirman que:

“es muy grave, porque sienta las bases de un estado autoritario”.

Vámonos por partes. La militarización del país, es decir la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad inició el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón anunció la “guerra” contra el crimen organizado y los carteles dedicados al narcotráfico.

El asunto es muy sencillo, se nos dijo que el crimen organizado, las bandas de delincuentes, habían crecido demasiado, que las libertades y el patrimonio de los mexicanos estaban en riesgo. Al mismo tiempo, se caracterizaba a las fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno, encargados de la seguridad pública, como cuerpos sin capacitación, sin equipamiento, proclives a la corrupción y embarrados con la delincuencia. Al no contar con una policía confiable, Calderón decidió echar mano de las fuerzas armadas.

Al mismo tiempo, la policía que se supone se iba a preparar, a capacitar, con nuevos valores y estándares, y que en el mediano plazo se iba a hacer cargo al 100% de la seguridad, terminó siendo un fiasco. La policía federal bajo el mando de Genaro García Luna, secretario de seguridad pública, concluyó siendo un instrumento al servicio del cártel de Sinaloa.

Así se fueron dos sexenios, con mandos policiacos corruptos, con jueces y policías siempre prestos al mejor postor, con algo muy parecido a un narco gobierno. Donde existen sólidos argumentos para sostener que los expresidentes, muchos gobernadores y servidores públicos de diversas áreas, como las aduanas, no combatían al crimen organizado porque eran parte de él.

Mientras tanto, el ejército y la marina fueron sometidos a un desgaste permanente. Con un marco legal que los colocaba siempre en el límite de la constitucionalidad, bajo la lupa de los grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, con “billetazos” un día si y otro también para doblarlos o comprarlos, con la incertidumbre de no saber cuándo iban concluir sus tareas.

Así que cuando López Obrador llegó a la presidencia, el país ya se encontraba militarizado y sumido en una profunda crisis de inseguridad. En este plano, el presidente, decidió barrer completamente con lo que fue la policía federal y dar paso a una nueva institución que es la Guardia Nacional.

El 28 de febrero se aprobó por unanimidad, con el voto a favor de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y PES el dictamen que crea la Guardia Nacional, con un mando civil, una temporalidad de cinco años a las fuerzas armadas en tareas de seguridad, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y se obliga a presentar un informe anual al senado de la república.

La derecha que hoy sostiene que López Obrador está militarizando al país, no entiende nada. El acuerdo presidencial que regula la participación de las fuerzas armadas hasta el 27 marzo de 2024, se considera el tiempo necesario para que la Guardia Nacional desarrolle se estructura, capacidades e implantación territorial. Una vez logrado eso, las fuerzas armadas deberán regresar a sus cuarteles de manera gradual y ordenada.

Ese es el punto. Hoy las fuerzas armadas y los mexicanos todos, tenemos una fecha y una ruta con criterios claros para que sus efectivos regresen a sus cuarteles. Y es tan grande la apuesta y el compromiso de Andrés Manuel, que la fecha que marca el decreto, es dos meses antes de la elección presidencial del 2024. Andrés sabe el costo político y electoral que significa no cumplir este compromiso, pero también tiene claro los efectos que tendrá si se cumple.

AGUSTIN GUERRERO CASTILLO

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