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  • Aprueba el Pleno del Poder Legislativo exhorto para implementación de acciones que ayuden a abatir el problema social

Morelia, Michoacán.- El Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado votó a favor de la propuesta de acuerdo mediante la cual se exhorta al Gobernador del Estado y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) para que implementen acciones tendientes a prevenir el consumo de sustancias que provocan adicciones, especialmente en la población de niños, niñas y adolescentes del estado.

De igual manera, las y los legisladores aprobaron exhortar a la Secretaría de Salud en el Estado, la Coepris, a la Junta de Asistencia Privada, al Sistema DIF y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que vigilen la promoción, el respeto, la protección, así como la plena garantía de los Derechos Humanos, de quienes son voluntaria o involuntariamente internados en los Centros de Rehabilitación de adicciones.

Durante su intervención en Tribuna, la diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal explicó que el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, constituye un grave problema social y de salud pública, con importantes consecuencias negativas que trascienden del ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad.

Agregó que en Michoacán existen más de 574 centros de rehabilitación, 500 no regulados que operan en la clandestinidad. “Resulta preocupante que los centros de rehabilitación en adicciones, violenten la dignidad de las personas enfermas y violentes los derechos humanos de los pacientes con adicciones, al utilizar la violencia física y psicológica, como golpes, amenazas, abuso sexual, castigos y tortura, para someter al paciente, en el tiempo de internamiento”, señaló la legisladora Pantoja Abascal.

Finalmente, dijo que como sociedad y gobierno, debe ponerse atención a lo que está ocurriendo con los jóvenes porque las drogas están llegando a las niñas y niños con menor rango de edad, que pasó de los 12 a 10 años, y “esto representa un problema de salud pública de grandes dimensiones, tanto familiares, sociales, económicas y políticas”.


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