Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en la administración federal que iniciará a partir de diciembre dice que las entrañas del “monstruo” que deja Enrique Peña Nieto en materia de crisis humanitaria en el país, revelan que la magnitud de la tragedia es peor de lo que se imaginaban.
“El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas”, afirma Encinas Rodríguez.
El próximo Subsecretario de Derechos Humanos traerá como primera encomienda el caso Ayotzinapa y darle respuestas a los padres y madres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. También tendrá la agenda de todas las víctimas dolientes que ha dejado a su paso la violencia desbordada en el país.
“Lo primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia de búsqueda porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para hacerlo”, explica.
Los elementos del Ejército que estuvieron presentes aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre deben dar cuenta de lo que lo que saben, como fue la demanda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que llegaron al país a formar parte de la investigación en marzo de 2015.
“Aquí no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la institución militar”, afirma.
El objetivo fundamental de la Comisión de la Memoria y la Verdad que está por integrarse es conocer la realidad de los hechos: qué pasó, dónde están los muchachos, quiénes son los responsables. En el momento que se abra esta investigación y se vayan deslindando responsabilidades podrá identificarse las acciones, omisiones, dolos, negligencias, de las autoridades que intervinieron en el proceso de investigación. Y si de ahí se deslinda una responsabilidad para cualquier servidor público del orden federal o local, vamos a actuar en consecuencia.
Así mismo Encinas Rodríguez dio un diagnóstico del país que deja EPN diciendo que México está en un proceso de descomposición y deterioro de la vida institucional muy profundo, que se expresa en esta crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos de manera muy cruenta, pero que la encontramos en todos los ámbitos de la administración pública. Problemas serios de corrupción, problemas serios de mala administración, mal ejercicio de los recursos públicos, y pues un problema de pobreza, desigualdad, de inseguridad que es gravísimo en el país.
Vamos a tener que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la población y vamos a tener que informar y comunicar de manera muy clara y transparente porque evidentemente no será sencillo cambiar las cosas de la noche a la mañana, sino que será un proceso.
Tenemos que trabajar en todo lo que es la Comisión Nacional para frenar la violencia contra las mujeres, así como para atender la situación de refugiados, en fin, muchos de los instrumentos nacionales que se crearon en la ley, pero que en realidad ni existe. Esto a fin de dar causa a todas las inquietudes y demandas de la población, hacer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas funcione realmente. Que se desburocratice, que tenga una capacidad de respuesta inmediata, que el Sistema Nacional de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes tenga los recursos y los instrumentos para enfrentar situaciones tan difíciles como ha sido la desaparición y el homicidio de menores, particularmente de niños y niñas, que no se habían dado cuenta de este fenómeno a nivel nacional. Un primer paso es hacer que las instituciones funcionen para atender las demandas de la población afectada, pero también para ejercer los derechos que le corresponden a cada quien.
¿Los recursos de dónde van a salir?
Tienen que salir del ámbito federal, pero también del ámbito local. Si hablamos de un sistema nacional, no puede una situación tan crítica como esta absorber todo el Gobierno federal. Menos aún, porque es una competencia de los gobiernos estatales y municipales. Yo tuve la experiencia como Jefe de Gobierno me tocó hacer todo el Servicio Forense de la Ciudad de México, que es el mejor del país. Esto tiene que replicarse en todas las entidades. Pero tenemos que prepararnos de manera distinta; apenas van dos generaciones de estudiantes de Medicina Forense egresados de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México], esto hay que reproducirlo en todas las universidades públicas para estar a la altura de este reto.
Para nosotros es muy importante, no solamente dar una señal de que las cosas cambiaron, sino fundamentalmente dar resultados. No es un asunto de imagen, es un asunto de convicción, de que puede haber justicia en este país. Ese es nuestro objetivo fundamental.
¿En cuánto tiempo se verán resultados?
Es muy difícil. Estamos hablando de cuatro años de los hechos de Ayotzinapa, hay que asumir que este periodo pudieron alterarse, esconderse y alterado muchas pruebas. No quisiera ser irresponsable y fijar un tiempo.
Destacó que a partir del 1 de diciembre habrá un cambio no sólo de actitud, sino de actuación de Gobierno en estos temas. “El primer paso es que el Estado asuma su responsabilidad en esta tarea, y lo vamos asumir.”
Fuente: Sin embargo