PAGAN $156 MILLONES A 4 MIL MUERTOS


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  • Gobiernos de 21 estados pagaron más de 156 millones de pesos entre 2019 y 2020 a más de 4 mil maestros fallecidos; los pagos irregulares fueron descubiertos en auditorías, tras las cuales las entidades se vieron obligadas a reintegrar el dinero, pero todavía quedan 38 millones de pesos que no han sido devueltos.

En los últimos años, 21 gobiernos estatales han destinado más de 156.4 millones de pesos de recursos federales para pagar nóminas de maestros muertos.

Estos pagos irregulares fueron descubiertos en auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondiente a 2019 y 2020, tras lo cual los estados fueron obligados a justificar el desembolso o reintegrarlo. A la fecha, todavía no han sido reembolsados a la Tesorería de la Federación más de 38 millones de pesos.

Un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación identificó que entre 2019 y 2020 los gobiernos de 21 estados realizaron 27 mil 854 pagos a 4 mil 160 trabajadores difuntos.

De los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación.

La ASF determinó 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos.

Los recursos analizados del FONE corresponden a partidas identificadas como “nóminas estatales subsidiadas”, “FONE servicios personales SEP” y “gastos de operación y entero a terceros institucionales”. Con estas aportaciones, la Federación cubre el pago de nóminas a personal educativo que ocupa las plazas transferidas a los estados, así como servicios personales.

En 2020, la Auditoría detectó que 107.9 millones de pesos de dicho fondo federal fueron a dar al pago de salarios a maestros que ya habían muerto. Ocho estados —Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán— no solventaron las observaciones por pagos realizados a trabajadores fallecidos por un monto cercano a los 7.2 millones de pesos.

Sin embargo, la problemática no es nueva e incluso se presentó en mayor proporción en el ejercicio anterior. De acuerdo con los resultados de las auditorías, en 2019 las entidades pagaron 48.4 millones de pesos a personal identificado como decesos, de los que 19 estados no solventaron pagos por 31.4 millones de pesos.

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, son las entidades con pagos pendientes por aclarar de ese año a personal fallecido.

Según las propias revisiones, estas inconsistencias detectadas por el órgano de fiscalización se desprenden de confrontar las nóminas del FONE con los datos de defunciones emitidos por la Secretaría de Salud y por Segob.

Estos son algunos de los estados que han desembolsado millones de pesos de recursos federales en pagar a personal identificado como fallecido y que la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal:

MICHOACÁN

En Michoacán, el Gobierno estatal realizó 763 pagos por 5 millones 449 mil pesos a 119 trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2020, incumpliendo con ello con la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con el informe de la ASF.

Sin embargo, aunque justificaron y reembolsaron parte del monto, quedaron pendientes por aclarar 1 millón 439 mil pesos, correspondientes a 236 pagos hechos a 52 empleados fallecidos durante ese año.

Mientras que en el ejercicio 2019, la ASF le señaló al Gobierno de Michoacán 1,046 pagos indebidos con recursos del FONE a 110 trabajadores muertos, por un total de 7 millones 560 mil de pesos, los cuales no aclararon y generaron un probable daño al erario federal.


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