AMLO

Morelia, Michoacán, 30 de mayo de 2020. Tras realizar una comparación de México con países como Venezuela y Bolivia, ciudadanos convocaron a la manifestación en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se realizó esta mañana mediante una caravana en automóvil.

Tocando sus claxon y con pancartas en rechazo al gobierno federal realizaron cientos de personas en coche un circuito que inició en la avenida Enrique Ramírez esquina con avenida Camelinas.

Los manifestantes señalan que antes del día 30 de noviembre harán valer sus derechos para impedir que el congreso, donde es mayoría Morena, impongan a modo al próximo presidente.

Al finalizar la caravana en automóvil, se instalaría una mega manta frente a plaza las Américas, con el fin de manifestar su inconformidad.

29 de mayo del 2020.- Durante el primer trimestre de 2020, las llamadas al 911 para reportar casos de violencia contra la mujer y familiar aumentaron —en contexto del inicio de la cuarentena por coronavirus. En este escenario, organizaciones civiles han pedido al gobierno de AMLO que refuerce las políticas públicas para prevenir casos de violencia de género insertada en la familia. Como este: un exsecretario de Naucalpan fue detenido el 28 de mayo por golpear a su esposa.

Se trata del exrepresentante de Movimiento Ciudadano (MC) en el Instituto Electoral del Estado de México y exsecretario del ayuntamiento de Naucalpan —durante la gestión de Edgar Olvera.

El ex secretario de #Naucalpan y ex diputado, Horacio Jiménez López fue detenido por golpear a su esposa gracias a un reporte anónimo; ya fue detenido #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/bQ9AS7ZGql

— Azucena Uresti (@azucenau) May 29, 2020

Horacio Enrique Jiménez López fue detenido por el delito de lesiones y violencia familiar contra su esposa —al momento en que agredía a su pareja en la colonia Vista del Valle.

El caso

Gracias a un reporte anónimo se logró la detención del exfuncionario de Naucalpan, pues los policías del municipio fueron alertados sobre un sujeto que estaba golpeando a una mujer dentro de una camioneta tipo deportiva.

De inmediato, los policías se lanzaron a buscar la camioneta y una vez que la toparon, se percataron que el exsecretario del ayuntamiento de Naucalpan estaba golpeando a su esposa.
A su vez, la mujer pidió ayuda a los oficiales, quienes le cerraron el paso a la camioneta y ordenaron a Horacio Enrique Jiménez López que bajara del vehículo.

¿Qué sucedió después? Jiménez López fue detenido y llevado a la AMPEVIS (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México).

De acuerdo con La Jornada, la mujer quedó con severos golpes en el rostro pero sí pudo rendir su declaración en el Ministerio Público. Por lo pronto, la carpeta de investigación contra el exfuncionario de Naucalpan ya está abierta por el delito de lesiones y violencia familiar.

Te compartimos el #violentómetro para que identifiques si eres víctima de violencia en casa. Recuerda llamarnos en caso de #Emergencia al ☎️9️⃣1️⃣1️⃣, o si eres testigo de que violentan una mujer llama al 📱0️⃣8️⃣9️⃣ #DenunciaAnónima, te brindamos atención inmediata. #DéjalaTranquila pic.twitter.com/FI8QSo9cl2

— Maribel Cervantes (@Maribel_CG17) May 29, 2020

Vale mencionar que el 28 de mayo se denunció—mediante un video en redes sociales— la agresión de un notario del Estado de México contra su esposa. Tras la difusión de las imágenes, el titular de la Notaría 102 del Estado de México publicó una disculpa y reconoció sus “conductas excesivas”.

Para atender los casos de violencia de género en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad Pública mexiquense ha pedido a las mujeres o testigos que reporten las agresiones en el 911 —y se solicite el apoyo de la policía.
Fuente: Sopitas

México.- Si todo sale bien, los niños y jóvenes de México podrán regresar a clases el próximo 10 de agosto, fecha en que las autoridades federales estiman que el país podría encontrarse en un nivel bajo de riesgo ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

En la conferencia mañanera del presidente AMLO, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, dio a conocer algunas de las medidas que se implementarán una vez que los alumnos vuelvan a la escuela para el término del ciclo escolar 2020-2021, entre las que destacan: el uso obligatorio de cubrebocas, la asistencia establecida por apellidos y un recreo escalonado.

Moctezuma Barragán aclaró que el regreso al “Curso Remedial” para la conclusión del actual ciclo escolar será efectivo sólo cuando las entidades se encuentren en color Verde del Semáforo Alerta Covid-19, lo que significa que el riesgo de contagio en dichos territorios es “bajo”.

Para garantizar el bienestar de la comunidad escolar, la SEP plantea 9 intervenciones que personal y directivos de cada plantel deberán realizar una vez que existan condiciones para el reinicio de actividades.

El primer paso será la activación de los comités participativos de salud escolar, entidades que serán responsables de evaluar las condiciones entre el plantel y el centro de salud más cercano, así como los procesos de limpieza y sanitización de instalaciones y aulas, y la promoción de 3 filtros de revisión para los alumnos: en casa, en el ingreso al plantel y dentro del salón de clases.

Las otras intervenciones propuestas para el regreso a clases son:

Garantía de acceso a agua y jabón en todos los planteles
Cuidado de maestros integrantes de grupos vulnerables ante el Covid-19.
Uso obligatorio de cubrebocas o pañuelo.
Implementación de sana distancia con: control en ingreso y salida, recreo escalonado, lugares fijos y asistencia alternada por apellido.
Maximización en el uso de espacios abierto.
Suspensión de ceremonias y reuniones
Detección temprana de casos y
Apoyo emocional.
Con un sólo caso de diagnóstico positivo a coronavirus Covid-19 entre la comunidad escolar, dicho plantel suspenderá actividades de inmediato.

El Curso Remedial y de nivelación de educación media superior será del 3 al 28 de agosto. La SEP espera arrancar con el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 21 de septiembre.
Fuente: SDPNoticias

Morelia, Michoacán; a 18 de mayo de 2020.- Para la diputada local morenista, Cristina Portillo, los principios esgrimidos por el Presidente López Obrador en su ensayo titulado “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, abonan al debate sobre el rumbo que deben tomar las políticas públicas después de que concluya la fase crítica de la pandemia a nivel global.

“Está claro que la contingencia sanitaria ha venido a agudizar tendencias de rompimiento que ya venían gestándose y que ponen fin a la era del neoliberalismo hegemónico”

Señaló la legisladora.

“Para el neoliberalismo, el objetivo central del actuar del gobierno en la esfera económica era garantizar las condiciones para la reproducción de ganancias y no la felicidad y el bienestar de la gente. Por ejemplo, en materia de salud, se descuidó la prevención y la generación de hábitos de higiene y nutrición en la población. No es gratuito que con la llegada del neoliberalismo a México se desató una epidemia de obesidad y enfermedades crónicas – degenerativas que hoy son uno de los factores que han incrementado las complicaciones en pacientes con Covid – 19”, abundó Portillo Ayala.

La legisladora moreliana hizo un llamado a la reflexión a los mandatarios de otros niveles de gobierno para que debatan y en su caso adopten los principios planteados por el ensayo del Presidente.

“Un elemento fundamental que aborda el documento es la necesidad de que la democracia representativa evolucione a una democracia participativa. Esto, de llevarse a cabo, derivaría en que las decisiones importantes en materia económica sean tomadas por una mayoría de ciudadanos y no por pequeños y poderosos grupos económicos que son los que definen el rumbo de las políticas públicas en los niveles estatales y municipales de gobierno”.

Finalmente, la morenista pidió a la oposición que cese la intentona de desestabilización que pretende regresar al país a las recetas que en el pasado inmediato aplicaban los gobiernos neoliberales contra las crisis económicas.

“El Presidente ha sido claro en el hecho de que no habrá los rescates millonarios del pasado a las grandes ganancias de unos pocos. Tampoco se endeudará al país para entregar recursos a un puñado de grandes ricos. El nuevo modelo de decisión en materia de política económica implica el poner al estado al servicio de la gente y el defender la soberanía nacional. El pasado ya no regresará y a todos nos debe quedar claro”.

El 11 de mayo el presidente López Obrador publicó el decreto por el cual las fuerzas armadas continuarán desempeñando tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria hasta el 27 de marzo de 2024. A partir de esa fecha todos los integrantes del ejército y la marina habrán de regresar a sus cuarteles.

Inmediatamente, como si fuera otra prueba más de nado sincronizado, diversas voces a través de las redes sociales se han lanzado en pronunciamientos aduciendo que el presidente quiere militarizar al país y que rechazan contundentemente esa pretensión. Sin el menor argumento, afirman que:

“es muy grave, porque sienta las bases de un estado autoritario”.

Vámonos por partes. La militarización del país, es decir la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad inició el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón anunció la “guerra” contra el crimen organizado y los carteles dedicados al narcotráfico.

El asunto es muy sencillo, se nos dijo que el crimen organizado, las bandas de delincuentes, habían crecido demasiado, que las libertades y el patrimonio de los mexicanos estaban en riesgo. Al mismo tiempo, se caracterizaba a las fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno, encargados de la seguridad pública, como cuerpos sin capacitación, sin equipamiento, proclives a la corrupción y embarrados con la delincuencia. Al no contar con una policía confiable, Calderón decidió echar mano de las fuerzas armadas.

Al mismo tiempo, la policía que se supone se iba a preparar, a capacitar, con nuevos valores y estándares, y que en el mediano plazo se iba a hacer cargo al 100% de la seguridad, terminó siendo un fiasco. La policía federal bajo el mando de Genaro García Luna, secretario de seguridad pública, concluyó siendo un instrumento al servicio del cártel de Sinaloa.

Así se fueron dos sexenios, con mandos policiacos corruptos, con jueces y policías siempre prestos al mejor postor, con algo muy parecido a un narco gobierno. Donde existen sólidos argumentos para sostener que los expresidentes, muchos gobernadores y servidores públicos de diversas áreas, como las aduanas, no combatían al crimen organizado porque eran parte de él.

Mientras tanto, el ejército y la marina fueron sometidos a un desgaste permanente. Con un marco legal que los colocaba siempre en el límite de la constitucionalidad, bajo la lupa de los grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, con “billetazos” un día si y otro también para doblarlos o comprarlos, con la incertidumbre de no saber cuándo iban concluir sus tareas.

Así que cuando López Obrador llegó a la presidencia, el país ya se encontraba militarizado y sumido en una profunda crisis de inseguridad. En este plano, el presidente, decidió barrer completamente con lo que fue la policía federal y dar paso a una nueva institución que es la Guardia Nacional.

El 28 de febrero se aprobó por unanimidad, con el voto a favor de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y PES el dictamen que crea la Guardia Nacional, con un mando civil, una temporalidad de cinco años a las fuerzas armadas en tareas de seguridad, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y se obliga a presentar un informe anual al senado de la república.

La derecha que hoy sostiene que López Obrador está militarizando al país, no entiende nada. El acuerdo presidencial que regula la participación de las fuerzas armadas hasta el 27 marzo de 2024, se considera el tiempo necesario para que la Guardia Nacional desarrolle se estructura, capacidades e implantación territorial. Una vez logrado eso, las fuerzas armadas deberán regresar a sus cuarteles de manera gradual y ordenada.

Ese es el punto. Hoy las fuerzas armadas y los mexicanos todos, tenemos una fecha y una ruta con criterios claros para que sus efectivos regresen a sus cuarteles. Y es tan grande la apuesta y el compromiso de Andrés Manuel, que la fecha que marca el decreto, es dos meses antes de la elección presidencial del 2024. Andrés sabe el costo político y electoral que significa no cumplir este compromiso, pero también tiene claro los efectos que tendrá si se cumple.

AGUSTIN GUERRERO CASTILLO

Debido a la entrada en vigor del decreto sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad, la oposición fanática de lo belicoso macabro, propagandistas de la infodemía, generó cierta controversia y muchas interpretaciones erróneas. Para explicar esta nueva norma hay que revisar la historia del proceso legislativo de la creación de la Guardia Nacional.

Fue una iniciativa del MORENA, la cual dejaba abierta a interpretación del Estado Mexicano, cuando fuere que el ejército, ya en calles desde hace décadas, regresaría a sus cuarteles; la redacción original señalaba que:

“en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, la Guardia Nacional tomará las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, siempre sujeta a revisión, llevando acabo una evaluación en un plazo de 3 años por el poder ejecutivo en coordinación con el legislativo”.

Posteriormente la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un cambio por 4 años para su revisión y evaluación de la nueva institución, comenzando a viciar la redacción, tan así que el mismo Presidente AMLO en una mañanera manifestará “no estar satisfecho” al considerarla una “reedición de la policía federal que no logro consolidarse” y fue cambiada varias veces, cada vez con más elementos a consideración entre ambas cámaras en materia de su participación en la seguridad pública y en los procesos de capacitación de los elementos de la G.N.

El 21 de Febrero del 2019, Todas las fuerzas políticas en el Senado aprobaron una nueva versión de consenso, entre los acuerdos de los grupos parlamentarios está que la Guardia Nacional tenga mando civil, adscrita a la secretaria de Seguridad Publica y que las fuerzas armadas se retiren de las tareas de seguridad en 5 años en lo que se conforma plenamente la Guardia y que sus miembros serán juzgados por la justicia civil, sin importar si provienen del Ejercito o la Marina.

La reforma constitucional de la Guardia Nacional fue publicada en el DOF el 26 de marzo de 2019 dof.gob.mx Sobre el régimen transitoria determina que el Presidente dispondrá de manera permanente de la fuerza armada para tareas de seguridad pública, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, mientras que la guardia nacional desarrolla su estructura, durante este periodo las secretarias de los ramos de Defensa Nacional y Marina participarán en el ramo de seguridad, conforme a la ley, y sus regímenes de disciplina para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, etc.

Para que esto fuera posible, sucedieron varios actos jurídicos, expidiendo las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional, Uso de la Fuerza, de detenciones, de la creación administrativa de la guardia. Todo esto sucedió con éxito.

El decreto sencillamente formaliza el periodo de transición, con fijación de fecha para que Fuerzas Armadas dejen las actividades de seguridad pública que corresponden a la Guardia Nacional. Todo consensado y aprobado por todas las fuerzas políticas.

Luego entonces, la sorpresa con desfachatez de unos en realidad era algo pactado desde hace meses para sacar rajita política. Argumentar que solo el Presidente es responsable, es soslayar el papel del poder legislativo y de todos los partidos que avalaron la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, además dejar con malos augurios la misión de confrontar la crisis severa de inseguridad.

El periodo de transición fue desesperadamente lo demandado por años: una transición de la guerra militarizada a la paz civil. Ciertamente la Guardia no es un cuerpo civil (En los hechos, en lo legal sí). Ya dependerá del porvenir y los próximos gobiernos si se hace más civil. O que el Presidente López Obrador vuelva a reformar la constitución para no ampliar por más años el periodo de transición.

El asunto es reducir e incluso aspirar a abolir la letalidad. No solo es cuestión de las fuerzas armadas. También los cuerpos policiacos locales son letales. Con sus honrosas excepciones.

Felipe Calderón y Peña Nieto actuaron bajo ilegalidad y traición a la patria, mandaron a las fuerzas armadas a las calles sin un parámetro legal, ni siquiera con las capacitaciones adecuadas para tratar con la población, algunos soldados y marinos lamentablemente se sacrificaron para intereses antisociales, el desbordamiento de la violencia generada por la injusticia y desigualdades de la época neoliberal, nos convoca a estar planteando estas medidas y generando esta discusión.

Todo es una cuestión de cómo se usa la fuerza y bajo que principios se opera en el territorio. Son cuestiones más cualitativas que requieren un sistema honrado de vigilancia civil, el que todavía se está estructurando.
Hoy existe una fecha para que los cuerpos castrenses regresen a los cuarteles y con un ordenamiento legal para que operen mientras en regiones del país donde aún no llega la Guardia Nacional y donde la capacidad de operación de las fuerzas armadas dependía de policías estatales o municipales, que tienen muchos casos de infiltración por el crimen organizado.

Es urgente que la Guardia Nacional se consolide y opere en todas las regiones del país, ello llevará a que los gobiernos estatales y municipales dignifiquen sus cuerpos de seguridad.

Espero que esto que escribí ayude a evitar interpretaciones exageradas del decreto.

Ningún partido político se puede desmarcar de este Decreto. En hora buena para la democracia, para la tranquilidad y seguridad del pueblo de México que parece no terminar con la ola de violencia, recordar que La Paz y la tranquilidad son frutos de la Justicia.

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No bastan las camas: atender enfermos de Covid 19 requiere personal capacitado y protegido, ventiladores y monitores, pero sobre todo un plan de acción para reabrir la vida económica y social sin que colapse el sistema de salud.

La PRESIÓN DEL GOBIERNO DE EUA sobre el de México para reactivar conjuntamente la actividad económica se ha hecho sentir y el presidente López Obrador ha anunciado hoy un plan de reapertura tras la emergencia sanitaria.

A principios de mayo, LA OMS HABRÍA RECOMENDADO que, antes de reabrir a la vida económica y social, los países debían tener capacidades sólidas de atención de los nuevos enfermos que vendrían con la reapertura y monitorear el comportamiento de la pandemia.

Con la meta de 12,215 CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA antes de que concluya el mes de mayo, en pleno cénit de la pandemia, pareciera que se atiende una de las recomendaciones de la OMS: tener capacidad para atender a los enfermos que surjan.

Sin embargo, a pesar del anuncio de la habilitación de 460 camas nuevas EN CENTROS DE CONVENCIONES y en el AUTÓDROMO de la CDMX, de 1,705 camas inauguradas y reconvertidas en hospitales públicos este año y un número no especificado de camas en hospitales militares, de poco sirven si cada cama no cuenta con cuatro cosas: protección para el personal que atiende a los enfermos, personal suficente y capacitado al pie de cada cama, un plan santiario que nos permita estar preparados para la vida postcuarentena, y dinero.

Sobre las cuatro cosas se necesitan para que la capacidad hospitalaria sea útil

1. Protección de médicos y enfermeras que atienden a los enfermos.

2 Personal suficiente y capacitado al pie de cada cama instalada

3 Un plan que nos permita estar preparados para hacer frente a la reapertura económica

4 Recursos: las capacidades hospitalarias deberán permanecer funcionales y eso cuesta dinero

Fuente: MCCI

Sofía Ramírez

• Se requiere una estrategia, donde a cada corporación, además de respetarle sus derechos y garantías, se establezca la función para la que fue creada.

Pese a que durante su campaña el Presidente, López Obrador, cuestionó la presencia del ejército mexicano en las calles, la publicación del decreto con el que ordena a las fuerzas armadas a llevar a cabo tareas de seguridad pública, es un error más de este gobierno federal, aseguró el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, al señalar que las fuerzas armadas no resolverán el problema de inseguridad en México, donde únicamente en marzo, se registraron más de tres mil homicidios.

“Es muy triste ver la falta de visión del Presidente de la República, ver la falta de conocimiento para lograr la seguridad y la paz que tanto nos hace falta en nuestro país. En México una línea de contención no será suficiente, nos queda claro, hoy más que nunca, que López Obrador viene a cumplir compromisos muy ajenos a los adquiridos con el pueblo mexicano”, señaló.

Arturo Hernández, señaló que el decreto establece la colaboración del ejército hasta el 27 de marzo del 2024, pese a que su creación y capacitación es para proteger la soberanía nacional, por lo que expresó la necesidad de establecer una estrategia, donde además de reconocer las garantías y los derechos de los elementos de seguridad, se reconozcan las obligaciones de cada corporación para lo que fue creada.

“Es grave que ahora la policía militar intervenga en acciones directas de la policía municipal, es como si le pidiéramos al carnicero reparar un zapato, o al zapatero encargarse de la vialidad de la esquina. Necesitamos que se reconozcan las obligaciones de cada cuerpo de seguridad, establecer una ruta para la paz duradera y no únicamente una línea de contención para que este año no sea el más inseguro de la historia de nuestro país”, expresó.

Indicó que pese a la pandemia por el COVID-19, la inseguridad sigue al alza, por lo que consideró la necesidad de que cada área sea atendida por quien le corresponde; que los policías municipales sean policías de proximidad social, que cuenten con el equipamiento necesario, garantías laborales y conocimientos para atender los delitos del fuero común.

“El trabajo de una policía municipal, estatal y el ejército son totalmente distintos, el mantener la paz en nuestro país, no es sacando al ejército mexicano a las calles, cuando no son los delitos del fuero federal los que están creciendo, es como pedirle pera al olmo”, expresó.

Finalmente señaló la necesidad de construir una paz duradera, firme y la que merece el pueblo mexicano, ya que con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no se resolverá la inseguridad, para la cual, la Guardia Nacional no ha podido enfrentar con los apenas, 79 mil elementos desplegados en el territorio mexicano.

4 de mayo del 2020.- Los nostálgicos de las recetas autoritarias neoliberales, se quitan la careta en plena pandemia, del lado político muestran el garrote en Estados y Municipios de la República Mexicana, dónde aún conservan poder, y del lado del dinero, siguen evadiendo al fisco y propagando noticias falsas en la prensa, atinadamente el Dr. Lorenzo Meyer, advertía sobre la ruta reaccionaria, desde su cuenta de twitter 23/04/20, (@DrLorenzoMeyer):

“Para los enemigos de la 4T el Covid19 no es tragedia mundial sino un inesperada oportunidad para agudizar la confrontación con AMLO y acelerar el fin de un intento democrático y pacífico por modificar la inicua naturaleza de un sistema político corrupto en extremo”.

Y no se equivoca, pues a medida de que se avecina la temporada electoral, políticos conservadores utilizan en demasía publicidad en plataformas de redes sociales para promocionar su imagen, con desdén atienden a las recomendaciones del equipo de especialistas y profesionales de la secretaria de salud del gobierno federal y a la par, aplican políticas públicas que son restrictivas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo uso de fuerzas de seguridad, cometiendo abusos a la ciudadanía bajo el pretexto de evitar la propagación del virus, especialmente con el libre tránsito, estando lejos de la legalidad y la realidad, pues aunque han sido lamentable los decesos, la mayoría, hemos mantenido buena disciplina con las medidas preventivas, limitándonos y cuidando a nuestros familiares más vulnerables, afortunadamente no hemos colapsado, la capacidad hospitalaria se encuentra por debajo de los pronósticos, a vísperas de la parte crítica y moderadamente final del sars cov 2.

Gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán conforman un bloque “berrinchudo” y exigen de manera arrogante, el uso propio del presupuesto para la operación sobre insumos médicos, no conformes con que sea el ejército mexicano quien disponga del presupuesto, no vayan a desconfiar, endeudando a sus propios estados piden sin proponer algo en concreto, en su agenda existe la cancelación del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucia y la refinería de Dos Bocas, es decir, cancelar por completo la cuarta transformación, proyectos detonantes del desarrollo tripartita en tiempos de recesión, que florecerán en millones de empleos, autosuficiencia energética, turismo, engendrando derrama económica en el país y, en el caso de Michoacán y Nuevo León, demanda de acero, pero se pierde el tiempo en politiquería. Observemos y califiquemos como ciudadanos mayores de edad en las próximas elecciones.

No quieren el México de todos, quieren el México a costa de ellos, sobre todo en el frente patrocinador, la resistencia fiscal, encabezada por Claudio “muy” X González Laport, dueño de la A.C. “Mexicanos Contra la Corrupción” y sus diversas empresas deudoras por 35 mil millones de pesos, quién está muy molesto por el proceder civil y penal del SAT para ejecutar el cobro. Y el aspirante a gobernador de Baja California por la derecha Gustavo De Hoyos Walter, quién también funge como líder nacional de la confederación patronal de la república mexicana, además de golpista democrático, también aparece en el entramado de corrupción que envuelve al gobierno de Jaime Bonilla, donde exintegrantes del gabinete habrían solicitado “moches” a empresarios a cambio de contratos a futuro. Ellos son quienes ahora nos quieren dar clases de moralidad.

Y mientras a Felipe Calderón se le cierra la brecha de credibilidad ante la opinión mundial y sobre todo con autoridades judiciales gabachas, con la declaración de la exembajadora de EE.U. Del Gobierno de Obama en México, sobre los conocimientos de vínculos de complicidad con el crimen organizado, durante la presidencia espuria y macabra, hasta la próxima.

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La austeridad republicana es una formula sencilla para utilizar de manera eficaz el erario público, es una visión de la cuarta transformación de la vida pública de México, para erradicar los derroches, el gasto muy corriente, innecesario, los privilegios y caprichos de una burocracia dorada sin limitantes. El adelgazamiento del costo del gobierno al pueblo es la redirección del recurso público para impulsar el desarrollo de las personas más necesitadas y el desarrollo de toda una nación, la cual se estancó por más de 3 décadas por el lodo de la corrupción.

Es una nueva manera de gobernar desde el ejecutivo federal, AMLO la ejecuto como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hacer más con menos, esto no quiere decir que se haga con menos recurso económico, todo lo contrario, este es un rompimiento con la lógica neoliberal del saqueo al erario público; desde pensiones a los expresidentes, choferes, direcciones federales adjuntas, asesores en demasía, seguro médico privado, viajes al extranjero, sueldos extravagantes, del endeudamiento con los fondos monetarios internacionales, de la legislación para aumentar impuestos y exprimir de manera hipócrita todo el esfuerzo y riqueza generada por los contribuyentes, es suprimir a los intermediarios, dónde lo poco o mucho que se destinaba al campo, educación, salud, ciencia y tecnología, se acaparaba en unas cuantas manos.

La austeridad republicana también es moralidad, vital para gobernar un país tan desigual, violento y profundamente corrupto en su sistema de gobierno, resulta ser ejemplar que el presidente demuestre que el uso del dinero burocrático sea administrado con honradez y transparencia en la aplicación directa para detonar la economía popular y el impulso del desarrollo, antes se gastaba de manera obscena en publicidad, bombardeando día y noche las mentes de la ciudadanía, en radio y televisión sobre los “logros” de los gobiernos en turno, no olvidar el paraíso del “chayote”, para que los sicarios de la pluma y el micrófono no hablaran mal de la figura gubernamental.

Es falso quienes argumenten que la austeridad republicana demerita y baja la calidad del servidor público, no es así, no comprenden del acto digno y solidario del funcionario eficaz, está para servir y no para servirse, de no enriquecerse con el tráfico de influencias de manera antipatriota, algunos no logran comprender que es una verdadera purga horizontal de alto nivel, y el primer paso está en la ley publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 19 de noviembre de 2019, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, para quienes incurran ante está falta administrativa sea sancionable por la Ley General de Responsabilidad Administrativa, en vigilancia de la Secretaria de La Función Pública; adiós a los pagos por concepto no contratados y al compromiso de recursos adicionales o como vulgarmente se conoce en el argot político del PRIAN, el “moche”.

Ante los pataleos de los conservadores todos debemos ser fieles vigilantes del uso y manejo de los dineros públicos, que es dinero de todos, denunciar y señalar cualquier acto de corrupción, en cualquiera de sus niveles, recordemos que ya es delito grave, esto es parte esencial de la democracia, la transparencia, que la honradez se convierta en una forma de gobierno y también en estilo de vida.

Javier Alejandro Peguero Espinosa.
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